En julio de 1857, durante el Bienio moderado y siendo el General Narváez presidente del Gobierno, entró en vigor la Ley de Imprenta de Cándido Nocedal, ministro de la Gobernación. Fue una de las leyes más restrictivas que ha existido sobre libertad de expresión.
Se recogían los ejemplares que, a petición del Gobierno o cualquier interesado, se determinaba ofensivo o calumnioso.
El editor podía optar por la recogida o que progresara la denuncia.
El momento político era extremadamente delicado y los editores y directores de los tabloides tomaron partido por una u otra corriente ideológica, lo que propició numerosas denuncias y recogidas de diarios de la época.
El artículo de fondo de este número muestra uno de los aspectos más relevantes de la Ley, y es el que se refiere al depósito de 300.000 reales que debió hacer la prensa política de la época para poder seguir publicando.
