La Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1879 introdujo la preocupación por la expropiación tendente a la mejora, saneamiento y ensanche interior de las grandes poblaciones. Gracias a ella los Ayuntamientos podían ejecutar las obras de reforma de las poblaciones por medio de concesiones a particulares o compañías debidamente organizadas con lo que era el concesionario el que asumía los riesgos de la gestión. Sin embargo, y a pesar de que mostró una gran utilidad en un buen número de reformas internas (Ensanche de Madrid, etc) no fue suficiente para conseguir agilizar las obras de la Gran Vía.
